Según denuncia la APDHA, la sentencia no tiene en cuenta la situación límite que viven estas personas, impone un castigo ejemplarizante que fomenta la criminalización de las personas migrantes. Además, muestran preocupación por la normalización de acusaciones populares de organizaciones posicionadas contra las personas migrantes
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han mostrado su “preocupación” ante la sentencia que este martes ha condenado a un año y medio de prisión a nueve de los 602 hombres originarios de países subsaharianos que accedieron a Ceuta a través de la valla en julio de 2018.
En un comunicado publicado en su web, señalan que “esta sentencia va en la línea de todas las medidas implementadas por el partido socialista, y en concreto, su ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, que prosigue insistentemente con su labor de reducir la llegada por la Frontera Sur a cualquier precio. Y supone un paso más allá, pues su objetivo es imponer un castigo ejemplarizante y fomentar la creencia de que las personas que responden a un perfil étnico determinado son criminales”.
“Nos preocupa la normalización de acusaciones populares de organizaciones posicionadas contra las personas migrantes y confiamos en que el sistema judicial, fiscales y jueces, sirvan de dique de contención y apliquen la ley, con conocimiento y sensibilidad, defendiendo los derechos de todas las personas” denuncian.
“No se ha tenido en cuenta en la sentencia el contexto de estas personas a las que la falta de vías de acceso legales y seguras”
“Aunque nos mostramos en desacuerdo con cualquier tipo de acción violenta como principio” explican, apuntan que “no se ha tenido en cuenta en la sentencia el contexto de estas personas a las que la falta de vías de acceso legales y seguras las obliga a usar vías de entradas irregulares, forzándolas a migrar durante años, poniendo en peligro su vida una y otra vez, en desiertos y mares, sufriendo racismo, agresiones y vejaciones constantes por parte del Estado marroquí, que las coloca en una situación límite, y esa situación les hace tomar medidas un tanto desesperadas”.
Insisten, en que “el trasfondo de este tipo de prácticas es que el Estado español vulnera sistemáticamente el derecho a migrar y a solicitar asilo“. Según la APDHA, “antes de reconocerlo, van a utilizar todo tipo de estrategias para justificar sus prácticas racistas y xenófobas: las devoluciones en caliente condenadas por dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las devoluciones exprés, la propia Ley de Extranjería, las inoperantes oficinas de asilo situadas en Ceuta y Melilla y, en este caso, la condena a las nueve personas que el pasado 26 de julio de 2018 accedieron a Ceuta a través de la valla”.
Desde la organización humanitaria, recuerdan que “esta condena se produce pese a que los órganos estatales conocen que Marruecos impide a las personas de origen subsahariano acercarse a la frontera, porque son parte de los acuerdos que se han establecido con España“, apuntan además que “es cuanto menos hipócrita considerar que desean poner en riesgo sus vidas y las de otras personas, si pudieran acceder por la frontera de Ceuta”.
Además, muestran su “preocupación” ante “el calado social que pueda tener este tipo de sentencias” e insisten en que “la población está acostumbrada a escuchar la palabra inmigración seguida de crimen organizado y otros delitos, y con esta sentencia se refuerza de nuevo ese discurso, al asemejar la migración irregular con la criminalidad”. En este caso, denuncian “se ha logrado criminalizar de forma directa a las personas que saltan la valla con un procedimiento que resulta llamativo”. Desde la APDHA apuntan además que “se les ofreció un acuerdo con una pena de prisión inferior a los dos años, que es generalmente suspendida, pero posteriormente, se negó su suspensión”.
“Se ha logrado criminalizar de forma directa a las personas que saltan la valla con un procedimiento que resulta llamativo”
“Convertir el derecho a migrar y el esfuerzo por lograrlo en desórdenes públicos pone de relieve la perversión del lenguaje en la criminalización de las personas migrantes”, aseveran. Además, “el relato planteado resulta contradictorio puesto que se señala a los nueve encausados como cabecillas y responsables de los actos de las otras 593 personas, pero después evidencia que carecen de recursos económicos. Los presentan como una especie de mafiosos organizadores de ataques pero después reconocen que son víctimas del sistema migratorio”.
