Tercer carpetazo al caso que investiga la muerte de al menos 14 personas que intentaban cruzar a nado el espigón del Tarajal el 6 de febrero de 2014 según ha avanzado Ceutaldía. 16 guardias civiles estaban imputados. Previsiblemente, las acusaciones populares recorrerán la decisión
El juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta vuelve a cerrar el caso del 6-F. Hace poco más de un mes el mismo juzgado decidía procesar a 16 guardias civiles implicados en el caso. Con la apertura del juicio oral se obligaba a declarar a los agentes para discernir si tal y como pedían las acusaciones, podrían haber causado homicidio imprudente y omisión de socorro. La jueza de Instrucción ya había descartado otros delitos como prevaricación.
Con el auto de procesamiento se abría un plazo para presentar escritos. Algunas acusaciones pidieron más de 50 años por cada guardia civil además de multas económicas. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado pidieron el sobreseimiento y así lo ha dictado la jueza de forma provisional. Este archivo será recurrido los próximos días por las acusaciones particulares. La posición de la Fiscalía ha sido clave para el auto que ha avanzado el periódico local.
Se impone la Doctrina Botín
Hace una semana explicábamos que el proceso había entrado en una fase muy complicada porque se abrían dos vías judiciales. Las dos podían terminar en el cierre del caso. La magistrada podría aplicar la doctrina Botín y decidir que ante la falta de acusación particular (no hay víctimas denunciando directamente) y la petición de archivo de Fiscalía, carpetazo al caso.
Según Ceutaldía, en el auto dispondría que “estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de indicios de delito de denegación de auxilio, los cuales no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos o meta-individuales, no habiéndose personado acusación particular hasta la fecha, por lo que no siendo posible en este caso abrir juicio oral”.
En otro fragmento en el citado medio digital, el auto reza que “en este momento procesal no hay acusación particular” y aunque las familias de varios de los al menos catorce fallecidos la madrugada de autos han pedido personarse en las diligencias, la jueza asume que “la legitimación de la acusación popular para impetrar válidamente la apertura de juicio oral se ve restringida por la llamada ‘Doctrina Botín”.
