CEAR exige al Gobierno el desbloqueo del ‘Open Arms y ‘Aita Mari’

Según el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), ante la ausencia de dispositivos de rescate puestos en marcha por la Unión Europea, los barcos españoles, junto a otros de  organizaciones alemanas como Sea Wacht y Sea Eye, realizan “una labor encomiable que consiguen reducir la pérdida de vidas humanas de quienes no tienen otra salida que el mar para huir de infierno libio”, es por ese motivo que CEAR exige al Gobierno español que rectifique la decisión de las Capitanías Marítimas de Barcelona y Pasajes, dependientes del Ministerio de Fomento, de bloquear los buques ‘Open Arms y ‘Aita Mari’ -de la ONG Maydayterraneo-, “para que las organizaciones de rescate españolas sigan rescatando vidas en el Mediterráneo”.

Foto: Barcos de Sea Wacht y Sea Eye frente a la costa Malta / SEA EYE ORG

Antonio Sempere, activista y fotoperiodista, colaborador de esta casa, es un gran conocedor de la realidad que viven las organizaciones que trabajan para salvar vidas en el Mediterráneo, nos cuenta que el pasado mes de diciembre, los barcos de las organizaciones alemanas antes citadas, se vieron obligados a permanecer a la deriva 20 días frente a la costa de Malta tras rescatar a 49 personas en aguas internacionales próximas a Libia por la negativa del gobierno de la isla a desembarcar a los migrantes en su territorio y el no rotundo del vicepresidente y líder de la ultraderechista Liga Norte italiana, Matteo Salvini de permitir el desembarco en algún puerto cercano en Italia.

“Resulta inadmisible que ningún estado europeo diera acuse de recibo a las llamadas de socorro de los buques de salvamento ante el peligro que suponía navegar con las condiciones meteorológicas adversas, un fuerte temporal con olas de hasta 5 metros de altura, que ponían en  peligro las vidas de los migrantes y las tripulaciones de la misión humanitaria” lamenta Sempere, quien recuerda que al final el gobierno de Malta permitió el traslado en sus propias patrulleras de los rescatados hasta el puerto de la capital, La Valetta, no permitiendo la entrada a ninguno de los dos barcos para desembarcar los voluntarios y observadores que viajaban a bordo.

Foto: Open Arms entrando al Puerto de Algeciras, el pasado 28 de diciembre / Antonio Sempere

Los rescatados forman parte del plan de acogida que el primer ministro maltés, Joseph Muscat, aceptó con el compromiso de que no se quedaran en Malta y fueran reubicados en países de la Union Europea. Muscat declaró, aprovechando la visita del primer ministro de Libia a Malta, que la acción humanitaria de permitir la acogida temporal de los migrantes rescatados no iba a sentar precedentes para futuros desembarcos de los barcos de las ONG, dando a entender que los puertos de Malta seguirán cerrados, al igual que los de Italia, imitando el modelo Salvini.

En el comunicado de denuncia, CEAR recuerda que el año pasado habrían muerto más de 1.300 personas migrantes y refugiadas en la zona donde operan estas dos naves, y según organismos internacionales más de 200 personas habrían perdido la vida en el Mediterráneo en lo que va de año.

En este sentido, la organización española denuncia y comparte la preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre las acciones de los Estados para disuadir a las ONG de realizar operaciones de búsqueda y rescate; así como la declaración de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española en la que señalaba los requisitos de “cumplimiento imposible” impuestos para justificar el bloqueo.

CEAR reclama que los países europeos aprueben un protocolo de desembarco seguro y predecible, por el cual ninguna persona migrante pueda ser devuelta a un país en el que su vida pueda correr peligro, como Libia, y así cumplir con el principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra.

Por este motivo, la entidad pide que los países europeos cumplan los siguientes compromisos:

  1. Acabar con la improvisación y la incertidumbre tras cada rescate. Se necesitan soluciones para dar una respuesta rápida a una situación de emergencia, sin tener que esperar a la buena voluntad de los países para cada caso concreto.
  2. Evitar que las personas migrantes y refugiadas pasen semanas sin poder desembarcar en puerto seguro. El cierre de puertos de Italia y Malta está condenando a los barcos de rescate a estar días e incluso semanas en alta mar a la espera de que un país les facilite un puerto seguro, que en ocasiones se encuentra a varios días de navegación, con el riesgo que ello supone para la tripulación y las personas rescatadas.
  3. Agilizar los desembarcos y asegurar que no se realicen en países donde la vida de las personas corra peligro. De esta manera se evitarían vulneraciones flagrantes del ‘principio de no devolución’ como las que se están produciendo en estos momentos a Libia, país del que parten la mayoría de embarcaciones y en el que se han documentado detenciones, maltratos, torturas, trata y condiciones de esclavitud a las que son sometidas las personas migrantes y refugiadas.
  4. Garantizar el acceso al derecho de asilo a las personas rescatadas. Tras llegar a puerto seguro es imprescindible que se realice una identificación inmediata para detectar casos de extrema vulnerabilidad o de necesidad de protección internacional.
  5. Establecer tras el desembarco un sistema justo de reubicación entre países europeos. Aquellos que reciben las llegadas por mar de personas migrantes (Grecia, Malta, Italia o España) no pueden afrontar la acogida. Se necesita un mecanismo de corresponsabilidad para que exista un reparto justo, equitativo y vinculante entre los Estados miembro de la UE.
  6. Dar garantías jurídicas a todas las embarcaciones que realicen labores de rescate. Según el Derecho Internacional Marítimo, cualquier barco que se encuentre con personas en peligro en el mar tiene el deber de socorrerlas y llevarlas al puerto seguro más cercano. Los Estados europeos deben garantizar su cumplimiento y dejar de poner obstáculos que impidan salvar vidas.

Autor: Paloma F. Coleto

Licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona

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