El pasado martes, el Ministerio de Igualdad anunció la ampliación del plan de contingencia contra la violencia de género aprobado en marzo con medidas específicas hacia las víctimas de trata, explotación sexual y a las mujeres en contexto de prostitución, que incluyen recursos habitacionales, un refuerzo de la coordinación policial y una de las medidas más aplaudidas, el acceso al ingreso mínimo vital aunque estén en situación irregular
Sin embargo, la decisión del Gobierno y los términos en los que se contextualizan las medidas, ha sido recibido con “sorpresa e indignación” por parte de las organizaciones que forman parte de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, pues, en primer lugar, interpretan que el Plan de Contingencia “responsabiliza a las ONGs de la desprotección que, en estos momentos de estado de alarma, sufren las mujeres víctimas de prostitución y trata, en lugar de responsabilizar al sistema prostitucional”.
El Ministerio de Igualdad explicó que las resoluciones aprobadas vienen a paliar la falta de atención que reciben las víctimas de explotación sexual y trata desde que hace más de un mes se decretara el estado de alarma y el confinamiento obligatorio. Entidades y ONG especializadas en su detección y apoyo psicosocial se han visto obligadas a disminuir al mínimo su actividad asistencial y ambulatoria, exponiendo a estas mujeres a un “escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos”, afirmaba la nota del Ministerio de Igualdad.
Según la Plataforma, este argumento “es un discurso impropio de un gobierno que se denomina progresista”, por lo que “exigen la retirada inmediata y que el Gobierno se disculpe por esta criminalización de las ONGs que trabajan en este ámbito”.
“Son precisamente las ONGs las que no han dejado de seguir cumpliendo con sus obligaciones de atención, asesoramiento e intervención, adaptando todos sus recursos a las circunstancias actuales para seguir prestando todo el apoyo necesario a las mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata” defiende Rosario Carracedo Bullido, portavoz de la Plataforma, en declaraciones a AmecoPress y recuerda que son las Administraciones Públicas competentes las que están obligadas al “normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual”, según el Real Decreto 12/2020 de 31 de marzo”.
Además, según Carracedo, aunque el Plan parece dirigido también a mujeres víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución, el desarrollo del mismo, está básicamente dirigido a mujeres víctimas de trata. A este respecto, el Estado español está obligado por el Convenio de Varsovia (mayo de 2005) a implementar todas las medidas de índole penal, civil y administrativas necesarias para la protección de mujeres víctimas de trata sexual, desde que dicho Convenio fue suscrito con independencia de la concurrencia o no de situación singulares como lo es el estado de alarma.
Trata, prostitución y violencia de género
Por otro lado, desde el punto de vista de la Plataforma, el Gobierno español “se sigue negando a considerar que la prostitución precede a la trata, pues ésta existe porque existe demanda de prostitución, siendo indisolubles ambas violencias contra las mujeres”.
En realidad, el problema fundamental, según la portavoz, es que la “ambigüedad” del Gobierno respecto a la prostitución, conduce a la exclusión de la trata y la prostitución como formas de violencia de género, pues de no ser así, no sería necesario un tratamiento particularizado y las medidas de protección dirigidas a mujeres tratadas y prostituidas, ya hubiesen entrado en vigor tras el Real Decreto 12/2020 de 31 de marzo.
Según estas organizaciones, involucradas en el trabajo directo con las mujeres en prostitución y trata sexual el Plan “solamente recoge lo que a priori ya se viene haciendo por parte de las ONGs que trabajan en prostitución y es una obligación mínima”, especialmente desde la declaración como “servicio esencial de estos servicios” efectuada a través del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Y “desgraciadamente, todo ello no sirve para dar respuesta a las mujeres en prostitución ni en estos, ni con posterioridad a la pandemia del coronavirus”.
“Lo que necesitamos y demandamos es la abolición del sistema prostitucional y, por tanto, acabar con la violencia que representa para todas las mujeres el mantenimiento de relaciones de sumisión y de poder por parte de los hombres que demandan prostitución”, explican desde la Plataforma.
En su posicionamiento, aseguran que para una verdadera protección de las mujeres prostituidas y tratadas con fines de explotación sexual, es imprescindible el “cierre de pisos, clubs, locales, etc. donde son explotadas sexualmente las mujeres” y la “habilitación de recursos habitacionales, económicos y de reparación integral para las mujeres prostituidas”.
No obstante, las organizaciones celebran que puedan acceder las mujeres en contexto de prostitución aunque estén en situación administrativa irregular a ese futuro Ingreso Mínimo Vital, “pendiente de aprobación y de habilitación de fondos”.
