Javier Guerrero, consejero de Sanidad y Servicios Sociales, ha solicitado seguir ejerciendo como médico 10 horas a la semana en horario de tarde. El próximo 17 se tratará de aprobar la compatibilidad para Guerrero en la Comisión Informativa del área de Hacienda, Economía y Administración Pública. Sin embargo, el MDyC adelanta que va a solicitar que “se retire el punto del orden del día hasta complementarlo con los informes jurídicos” que acrediten la compatibilidad de la actividad privada del consejero con sus funciones públicas.
Según reza el comunicado remitido por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC): “Para el MDyC es incompatible la asunción de responsabilidades de gobierno con actividades privadas, sobre todo cuando éstas afectan a las competencias asumidas en el cargo público. No entendemos cómo se puede ser responsable de autorizar ‘la creación, construcción, modificación, adaptación de centros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier clase y naturales’ y a la vez prestar servicios en uno de estos establecimientos. Tampoco entendemos cómo el responsable político que supervisa el contrato de ‘realización de exploraciones mamarias’ puede realizar actividades privadas en la clínica adjudicataria de dicho contrato. Y así podríamos continuar con innumerables ejemplos”.
El MDyC solicitará el informe jurídico correspondiente
Para el MDyC “la flexibilidad” con que el Gobierno, supuestamente, aplica la compatibilidad pública es “tan amplia que no cree que cumpla con la legislación española”. Por ello, los localistas anuncian que van a pedir “que se incluya el informe que solicita la Secretaria Provisional cuando señala que deberá acreditarse en el expediente, mediante informe, que el ejercicio privado de la profesión de médico para la que se solicita compatibilidad, no tiene relación directa con las competencias atribuidas por Decreto de la Presidencia, de 21 de junio de 2019”.
Los de Hamed afirman no compartir “esta política de compatibilidades a posteriori“, y explican que solicitarán “que se retire el punto del orden del día hasta complementarlo con los informes que se solicitan, al entender que la falta del mismo hace imposible tomar el acuerdo cumpliendo la legislación, lo que supondría la comisión de un posible delito“.
