Tienen derecho a saber es una campaña puesta en marcha para recordar a los centros educativos que es obligatorio educación sea diversa en lo afectivo-sexual, familiar y de género que impulsa la FELTGB junto a sus entidades. Pese a que muchas leyes dictaminan que es obligatorio impartir esta perspectiva al alumnado, la realidad es otra bien distinta.
La entidad LGTBI recuerda que son muchas las leyes que avalan la campaña: la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España. Y otras tantas autonómicas.
Tanto la infancia como la adolescencia son momentos importantes en la creación de la personalidad y los valores. Combatir la discriminación y la violencia es cambiar la vida de muchas personas, y una buena manera es adoptar medidas como esta. Las consejerías de Educación, independientemente de la opinión particular de la familia, tiene que garantizar la formación en diversidad LGTBI para todas y todos.
En la otra cara de la moneda, también ha de proteger a los menores si la familia es posible que sea violenta o, por LGTBIfobia, se niega a que el niño o la niña reciba esa información en el colegio. Preguntar la opinión a las familias, tal y como abandera la ultra-derecha, contraviene lo que pueda opinar el/la menor al respecto, el “interés superior” que recoge precisamente el ordenamiento jurídico español.
En Canarias, el gobierno autonómico ya ha tomado medidas. Ahora la FELGTB y compañía piden lo mismo a todo el territorio español: es necesario y obligatorio que se explique en las aulas a todo el alumnado. Los territorios más difíciles serán Murcia y Andalucía, donde ya hay medidas que contradicen las propias leyes autonómicas. La campaña Tienen derecho a saber solicita su retirada o modificación inmediata. Se está pidiendo consentimiento a las familias para que decidan si sus retoños se forman o no en diversidad LGTBI. Ahí donde unos ven “educación en libertad”, la FELGTB solo ve la privación del derecho a conocer la realidad actual y la desprotección del alumnado LGTBI en las aulas, algo todavía más importante.
Visi González coordina Educación en la FELGTB y cree que los poderes públicos tienen que cumplir y defender las leyes actuales en materia educativa. “La Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen”. Y compara con cualquier otra asignatura, como inglés o seguridad vial. Tienen derecho a formarse en todo.
El “pin parental” que la ultraderecha ha instaurado en algunos lugares deja rienda suelta a considerar también otras ideas discriminatorias. Si mantienen esta postura nada empática ante el colectivo LGTBI, ¿cuál van a adoptar ante quienes vienen de fuera, por ejemplo? No se puede permitir que el sistema educativo dé como válidas “otras ideas como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en riesgo la salud de los menores”.
Critica hasta la nomenclatura de esta herramienta, que da falsa sensación de protección a las familias. Realmente, “el pin parental es una herramienta que protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet, no este intento de censura que vulnera los derechos de los menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes”. Visi González cree que, de por sí, la comunidad educativa ya vela por el bien del alumno y la conveniencia de qué se estudia a qué edad también es cosa suya. Las niñas y los niños no necesitan ese otro “pin parental”.
