El partido Por Un Mundo + Justo (PUM+J) se muestra contrario al archivo de la causa del juicio del 6F y entiende que deben depurarse responsabilidades pero no solo entre los guardias civiles, sino entre las personas que dieron las órdenes de actuación.
Tras archivarse nuevamente la causa del juicio del 6F, el partido Por Un Mundo + Justo (PUM+J), asegura que se ha puesto al servicio de las familias de las víctimas que no pudieron presentarse como acusación particular (motivo que ha provocado el archivo de la causa al aplicar la jueza la “doctrina Botín”). “Nos hemos puesto al servicio de las familias para darles asesoría, medios jurídicos o lo que sea necesario para que puedan presentarse como acusación” ha advertido Rafael Fernández, candidato de PUM+J a la presidencia del Gobierno.
No en vano, Fernández entiende que deben depurarse responsabilidades más allá de los guardias civiles que estaban siendo juzgados. “Queremos que se depuren responsabilidades. Por encima de esos guardias civiles, había personas que dieron órdenes que no valoraban la vida humana y ponían por encima ‘el que no lleguen’ y que les daba igual lo que pudiera pasar. Queremos que se responsabilice a alguien de las muertes y, sobre todo, que no vuelva a pasar” ha apuntado Rafael Fernández.
6 de febrero de 2014
Esta es la tercera vez que se archiva la causa contra los guardias civiles implicados en el trágico suceso del 6 de febrero de 2014, donde quince personas se ahogaron a pocos metros de la orilla del Tarajal. Desde 2014, colectivos pro derechos humanos celebran las conocidas como “Marchas de la Dignidad” para recordar a los personas fallecidas, reclamar que se haga justicia por ellas y clamar por vías de entrada seguras para migrantes.
