La Conferencia Sectorial de Igualdad ha aprobado también un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres para reforzar la colaboración entre la AGE y las CCAA
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presidido hoy la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad (CSI), en la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en la que también han participado, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
En la reunión, el Ministerio de Igualdad y las CCAA, han acordado, entre otros temas, prorrogar y mejorar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), así como un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres para reforzar la colaboración entre la AGE y las CCAA.
«Enhorabuena por el trabajo realizado estos meses», ha afirmado la ministra de Igualdad, «todos los esfuerzos han merecido la pena para llegar a este acuerdo». Para Montero, la importancia de este acuerdo «trasciende nuestra acción de gobierno». En primer lugar, «porque manda un mensaje poderoso a la sociedad, pero también al resto de actores del Pacto de Estado, como son las Cortes Generales y el resto de poderes públicos. Queremos más Pacto».
La ministra ha celebrado el acuerdo por «la relevancia de esta prórroga presupuestaria y de las herramientas que nos permiten desarrollar el Pacto». «Creo con firmeza», ha afirmado, «que estamos avanzando en la dirección correcta». «Más Pacto», ha concluido, «significa más protección para las mujeres, más y mejores esfuerzos por parte de los gobiernos para llegar a tiempo; y cambios profundos para que nuestra sociedad esté libre de violencias».
Estabilidad y continuidad del PEVG
El pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y cuatro años después de la aprobación del PEVG en 2017, todos los grupos parlamentarios menos uno, conscientes de que el PEVG no puede tener como horizonte temporal el mes de septiembre de 2022, firmaron un acuerdo de renovación del Dictamen, donde nuevamente se plasmó la voluntad de todos los actores institucionales que están contra la violencia machista, de seguir trabajando por el cumplimiento del PEVG y el establecimiento de un marco ampliado y permanente para el desarrollo de políticas públicas que lo fortalezcan.
La CSI, en su reunión celebrada el pasado 24 de febrero, consensuó que se convocaría en la mayor brevedad posible una CSI extraordinaria para dar comienzo a los trabajos de seguimiento de ampliación, mejora y renovación de los acuerdos y los instrumentos presupuestarios y administrativos del PEVG y la continuidad de los proyectos vinculados al mismo.
El acuerdo incluye las líneas maestras para garantizar un sistema de financiación estable, plurianual y con fondos suficientes para dotar presupuestariamente a todos los servicios de recursos humanos y técnicos. Con él se pretende facilitar la gestión administrativa de las políticas públicas desarrolladas por las administraciones competentes en el marco del PEVG.
Este viernes, el pleno de la CSI reunido en Santa Cruz de Tenerife, ha adoptado los siguientes acuerdos.
Prórroga acuerdos presupuestarios y administrativos
Se acuerda impulsar la prórroga del sistema de financiación articulado por el PEVG y que este se dote de una mayor estabilidad para 2023 y posteriormente. Este sistema de financiación continuará permitiendo transferencias directas, finalistas y condicionadas al cumplimiento de las medidas recogidas en los acuerdos del Pacto.
Para impulsar este compromiso, la CSI, insta a las Cortes Generales a la modificación de los dictámenes del PEVG en ambas cámaras para la ampliación temporal necesaria para llevar a cabo el conjunto de medidas acordadas. A su vez, se aprueba un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres, con el fin de mejorar la programación, financiación y evaluación, a través de planes conjuntos de carácter multilateral y plurianual entre la AGE y las CCAA.
Asimismo, la CSI se compromete a diseñar mecanismos de cooperación específicos con entidades locales en materia de violencia contra las mujeres dada su importancia como primera línea de atención.
Marco de cooperación
Se aprueba el marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres para reforzar la colaboración entre la AGE y las CCAA, para mejorar la respuesta interinstitucional integral, eficaz y coordinada contra las violencias machistas, y asegurar la existencia, en todo el territorio, de políticas, recursos y servicios que garanticen los derechos de las víctimas de violencia contra las mujeres, ya recogidos en la legislación estatal vigente (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, una vez entre en vigor), en conexión con las distintas legislaciones aprobadas por las distintas CCAA.
Plan conjunto entre AGE y CCAA
El marco de cooperación se articulará a través de un plan conjunto entre la AGE y las CCAA. El plan tendrá una vigencia inicial de cinco años, prorrogables automáticamente por periodos idénticos, salvo acuerdo expreso de la propia CSI.
Este programa especificará como elementos centrales de cumplimiento los objetivos comunes vinculados al mantenimiento y mejora de las políticas, recursos y servicios incluidos en el catálogo de referencia, así como acciones de sensibilización y prevención, y el compromiso de formación a profesionales.
El Plan tendrá en cuenta también la financiación estatal suficiente y estable para el desarrollo del marco de cooperación a través de los PGE; así como la información de las CCAA sobre las actuaciones, su duración y mecanismos de seguimiento y evaluación que tengan previstos.
Convenios bilaterales
El Ministerio de Igualdad y una determinada comunidad autónoma, cuando lo consideren conveniente, podrán firmar convenios. En estos convenios, que podrán tener una duración plurianual, se especificarán las actuaciones a desarrollar, los mecanismos de seguimiento y evaluación de los acuerdos, así como los mecanismos de cooperación que procedan. Dichos convenios no podrán contravenir, en ningún caso, lo establecido en el plan conjunto con
carácter general o preceptivo para todas las CCAA. Una vez suscritos, se informará al pleno de la CSI para garantizar la transparencia de los procesos de cooperación interinstitucional.
Catálogo de referencia de políticas y servicios
La AGE y las CCAA, reconocen la importancia de prevenir y dar respuesta a todos los tipos de violencia contra las mujeres contempladas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia).
Para lograr este objetivo, se acuerda la elaboración de un catálogo de referencia de políticas y servicios, que acompañará al marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres. Este catálogo será elaborado por consenso, en el marco del Grupo de trabajo del PEVG de la CSI. El catálogo, que se aprobará en la próxima reunión de la CSI, configurará un conjunto de estándares mínimos que deberán garantizarse en todo el territorio, sin perjuicio de las administraciones competentes de disponer de recursos adicionales.
El catalogo abordará, como mínimo, la prevención de la violencia contra las mujeres, incluyendo medidas informativas, de concienciación y educativas; investigación y recogida de datos, protocolos, instrumentos y políticas para la detección de la violencia; y servicios y medidas para la atención integral y reparación de todas las víctimas de todo tipo de violencias.
Una vez aprobado el catálogo, se actualizará periódicamente, tomando en consideración el desarrollo de los servicios y recursos existentes y las modificaciones legislativas que se puedan producir.
Cooperación en materia de transformación estructural y prevención
Las CCAA y el Ministerio de Igualdad reforzarán la cooperación en actuaciones y políticas que incidan en la transformación estructural necesaria para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Elaboración y ejecución de programas de formación de equipos profesionales
De acuerdo con lo previsto en el PEVG, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, una vez entre en vigor; el Ministerio de Igualdad y las CCAA, se comprometen a seguir impulsando la formación especializada y continua de todos los equipos profesionales que participan en los itinerarios de información, asesoramiento, atención, apoyo y protección a las víctimas, con el fin de garantizarles la mejor respuesta por parte de las instituciones y administraciones públicas.
Mecanismos de respuesta y análisis ante los feminicidios
En los periodos en que se produzcan repuntes de feminicidios, o cuando se produzcan feminicidios en los que concurran circunstancias de especial relevancia, las CCAA afectadas y el Ministerio de Igualdad, en el marco de la CSI, constituirán comités de crisis con el fin de analizar las situaciones para sacar conclusiones que refuercen la respuesta interinstitucional.
Se considerará que existe un repunte cuando, en el plazo de un mes, se hayan producido cinco o más casos de feminicidio en una o más CCAA. Dichos comités, cuya actuación constituye un complemento a los procedimientos ya establecidos por las CCAA, serán convocados por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que remitirá la convocatoria a las CCAA en las que se hubieran producido los casos.
Los citados comités recabarán información acerca de los servicios e instituciones a los que acudió la víctima, contando con los informes de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, con la finalidad de evaluar la respuesta y formular, en su caso, propuestas de mejora.
