La CNMC pone pegas a la tarifa máxima del ferry

El Partido Popular de Ceuta ha pedido al Ministerio de Fomento que establezca una tarifa máxima para el ferry Ceuta – Algeciras. La propuesta pide que como mínimo uno de los trayectos ida y vuelta de cada compañía tenga un precio máximo alrededor de 15€ para no residentes. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC, que es el organismo regulador de los mercados y que garantiza una competencia efectiva) ha contestado: no descarta la medida pero le pone pegas.

Hay tres temas principales por los que la propuesta de los populares podría tener errores de forma según la Comisión:

En primer lugar, “cualquier intervención pública debe responder a una necesidad real de interés público que el mercado no garantice con suficiencia y calidad”. Y la CNMC no descarta que “exista interés y capacidad” de las compañías de ferry para “ofrecer el servicio en las condiciones estipuladas en la normativa”.

La compañía Baleària es una de las principales que operan en Ceuta / Antonio Sempere

En segundo lugar, la CNMC reprocha que la propuesta del PP se haya hecho sin estudios que soporten la medida. Entre lo que dice la Comisión que se debería mirar bien hay “la tipología de pasajeros que se verían afectado y sobre las empresas que operan la ruta”. Además se debería profundizar en la “verificar que la estimación de costes en que los operadores incurren se ajusta al de un servicio eficientemente gestionado”. Al mismo tiempo, se debería ponderar posibles efectos negativos de la medida: al reducir la rentabilidad la CNMC no descarta que las compañías puedan empeorar la calidad del servicio.

“De seguir adelante con la propuesta se debería diseñar un nuevo contrato con las operadoras”

Del informe de la CNMC “ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS Y VEHÍCULOS EN LA LÍNEA CEUTA – ALGECIRAS”

Si después de todos estos estudios se opta por establecer un precio máximo en una de los trayectos diarios, la Comisión considera que se debería diseñar un nuevo contrato con las operadoras para garantizar las obligaciones de servicio público y no caer en una posible “inadecuación de las ayudas de Estado”.

Autor/a: Gabriel Barba

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