La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha publicado un estudio sobre el tiempo que las mujeres maltratadas tardan en verbalizar su situación desde el momento en que comienzan a sufrir malos tratos, ya sea denunciando formalmente y/o acudiendo a servicios especializados de atención a las víctimas.
El informe, elaborado por la Fundación Igual a Igual y editado por el Ministerio de Igualdad, tiene como objetivo principal analizar, a partir de múltiples variables y factores, los motivos que llevan a las mujeres a dar el paso de denunciar o solicitar ayuda, en pos de proponer medidas y actuaciones que permitan reducir el tiempo transcurrido entre el inicio de los malos tratos y el momento en que dan cuenta de estos y, en consecuencia, allanar todo lo posible el proceso de recuperación de las víctimas.
La investigación se realizó a través de un cuestionario que han cumplimentado, de manera voluntaria y anónima, 1.220 mujeres maltratadas residentes en todas las comunidades y ciudades autónomas (exceptuando Cataluña) y que, en 2017, fueron atendidas en casas de acogida y pisos tutelados. Todas refirieron haber sufrido distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, ambiental, económica o varias a la vez.
Los resultados concluyen que, de media, las víctimas tardan 104 meses en verbalizar su situación. Por edades, las que se demoran más tiempo son las mujeres de mayor edad: las que superan los 65 años, lo hacen 26 años después de empezar a sufrir malos tratos, frente a las más jóvenes –en un rango entre 18 y 25 años-, que necesitan 2 años y 10 meses para reconocerse como víctimas, lo cual apunta a una importante diferencia de concienciación y recursos entre generaciones.
Las mujeres con más formación académica tardan más
Otra variable a tener en cuenta son los hijos e hijas, ya que su presencia incrementa el tiempo que transcurre entre el inicio de la violencia y su verbalización: las cargas familiares, en muchas ocasiones, retienen a las mujeres y dificultan su salida de la situación de maltrato. Si se filtra por comunidades, las que más tardan en pedir ayuda son las riojanas, aragonesas y canarias (entre 11 y 12 años), mientras que las que solicitan asistencia o denuncian con mayor prontitud son las residentes en Melilla, Murcia y Asturias.
Respecto al nivel de estudios, las mujeres que tardan más, en concreto 12 años y 3 meses, son aquellas con mayor nivel de formación (doctorado, máster o posgrado), seguidas de las que cuentan sólo con Estudios Primarios; en su caso, son 10 años y 9 meses. En este sentido, el grupo que verbaliza antes su situación es el de mujeres que poseen estudios universitarios de primer y segundo ciclo y/o Bachillerato, o FP de grado superior: 7 años y 1 mes, y 7 años y 3 meses, respectivamente.
Motivos para no denunciar
El principal motivo para no denunciar, mentado por el 50% de las mujeres que participan en el estudio, es el miedo al agresor. Otras razones que retrasan la decisión de verbalizar y/o denunciar son la percepción de que “lo podrían resolver solas” (45%) o el no reconocerse como víctima de violencia machista (36%). Un 32% también menciona los sentimientos de culpa y de vergüenza, muy frecuentes en el proceso psicológico de trauma que viven las mujeres maltratadas.
A su vez, casi un 30% señala que la falta de recursos económicos ha retrasado el momento de denunciar o acudir a los servicios especializados de atención a las víctimas (las que más tardan son aquellas que desempeñan un trabajo doméstico no remunerado). Lo que lleva a un 54% de las mujeres a dar ese paso es el hecho de encontrarse psicológicamente muy dañadas; el segundo móvil, citado por el 48% de ellas, es las características de la última agresión.
Propuestas
Tras el análisis de los motivos, factores y variables que provocan que muchas mujeres no puedan abandonar el ciclo de la violencia hasta años después de entrar en él, las autoras de esta investigación plantean una serie de líneas de actuación para reducir estos tiempos. Las propuestas se basan, sobre todo, en la sensibilización de quienes integran la sociedad -con el objetivo de que la población tome conciencia de que la responsabilidad es de todas y todos- y en la implicación de los poderes e instituciones públicas, desde el sistema judicial – las participantes del estudio lo citan en un número nada desdeñable de veces como motivo disuasorio para no denunciar- hasta el educativo, cuyo papel de agente socializador que interviene en nuestras vidas desde la más temprana edad es vital para empezar a educar en la igualdad a niñas y niños lo antes posible.
