Access Info Europe y Andalucía Acoge pretenden asegurar que el uso de dotaciones presupuestarias extraordinarias para financiar acciones de terceros países en materia migratoria se produzca conforme a los requisitos exigidos por la normativa, asegurándose la plena transparencia sobre los acuerdos de los que emana la decisión, incluidos los acuerdos de cooperación policial internacional, muy especialmente en la cooperación con terceros países sobre las que se han reportado vulneraciones de derechos humanos en las acciones objeto de financiación
Access Info Europe y Andalucía Acoge, bajo la dirección jurídica de Gentium, y con el apoyo experto de Profundo, han presentado esta semana sus argumentos en una demanda ante el Tribunal Supremo, solicitando que se anule el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 19 de julio de 2019, donde se autorizó la concesión de 30 millones de euros del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria con el objetivo de sufragar parte de los gastos incurridos por las autoridades marroquíes en sus labores de control del flujo migratorio hacia España.
El objetivo de la demanda es impugnar el uso indebido del Fondo de Contingencia, cuya utilización está reservada para dar respuesta a necesidades urgentes, imprevisibles e inaplazables, propias de situaciones excepcionales. Por ejemplo, solo en marzo de 2020 se han gastado más de 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia para ayudar en la lucha contra el coronavirus.
En la demanda, las organizaciones argumentan que la autorización del uso del fondo de contingencia no puede justificarse bajo el pretexto de “nueva crisis migratoria”, tal y como defiende la Secretaria de Estado de Seguridad en la memoria del expediente. “Los propios datos del Ministerio del Interior de 2018 muestran que hubo un mayor número de movimientos migratorios en la frontera hispano-marroquí que en 2019, sin que fuese necesaria incluir una financiación extraordinaria en las partidas presupuestarias” aseguran las entidades.
Las organizaciones, que llevan más de un año trabajando en esta demanda, presentaron el escrito de interposición del recurso el 18 de octubre de 2019, que fue admitido por el Tribunal Supremo en noviembre. Después de varias etapas procesales y unos retrasos causados por el estado de alarma, las entidades han podido presentar sus argumentos en detalle en el escrito de la demanda; para ver un resumen de la misma pulse aquí.
En ella explican que sus motivos para el litigio son, por un lado, asegurar que cualquier financiación de un país a otro en materia migratoria tome en cuenta los debidos criterios para respetar los derechos humanos, y por otro, que se asegure la plena transparencia sobre los acuerdos celebrados con otros países, incluidos los acuerdos de cooperación policial internacional.
“Es indispensable garantizar la transparencia en la toma de decisiones sobre el gasto de dinero público, del dinero del contribuyente”, explicó Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info. “Una transparencia tal es especialmente importante cuando el uso del dinero pueda tener un impacto directo sobre personas en situaciones vulnerables”. En este caso la rendición de cuentas al público es especialmente importante porque los fondos solicitados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Gobierno de España estaban destinados a cubrir operaciones de las autoridades marroquíes, que en varias ocasiones han sido denunciadas por los abusos cometidos contra las personas migrantes, según han documentado y denunciado organizaciones que trabajan en la Frontera Sur como la propia Federación Andalucía Acoge o Caminando Fronteras.
Estela Casajuana, especialista en Derechos Humanos e investigadora en Profundo, apunta que las acciones legales emprendidas servirán para dotar de mayor transparencia a la acción de cooperación policial internacional del Gobierno de España: “Debe existir más transparencia en la concesión y uso de la financiación a terceros países en materia migratoria. Además, España debería adoptar medidas para asegurar que antes, durante y después de la concesión de ayudas a otros países no se vulneran los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, con los cuales España está legalmente comprometida”.
En esta línea, estas organizaciones han pedido al actual Gobierno que no base sus políticas fronterizas migratorias en la externalización de fronteras y se asegure de que la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre se realice garantizando los derechos humanos. Insistiendo en la necesidad de que el dinero público se destine a lo estipulado en los presupuestos aprobados por las instituciones, y priorizando las necesidades de la ciudadanía, como el gasto social.
Asimismo, estas entidades han anunciado que, tras la interposición de esta demanda, se iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para exponer sus argumentos. “Como entidad social nos parece fundamental que el dinero público se invierta en las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. No para financiar a terceros países en la externalización de las fronteras de la UE, permitiendo el recorte y la violación de los derechos humanos”, ha comentado José Miguel Morales, secretario general de la Federación Andalucía Acoge.
“La externalización del control de fronteras en la Unión Europea y, en particular, en España, supone uno de los mayores retos para los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Es un área en la que resulta fundamental promover el litigio estratégico con el objetivo de avanzar en la atribución de responsabilidad de las distintas instituciones y gobiernos que participan en estas dos iniciativas, dentro y fuera de nuestras fronteras”, comentó Rafael Cid, Director de Estrategia Jurídica de Gentium.
