No valen más excusas. Es hora de actuar. El Gobierno en funciones debe cumplir lo comprometido y debe hacerlo ya, usando si es preciso la fórmula del Real Decreto Ley. Se trata de garantizar que los tres millones de trabajadoras y trabajadores públicos reciban, con fecha 1 de enero de 2020, la subida salarial del 2% tal y como estaba acordado. Por eso desde el Área Pública de CCOO reclamamos que el Gobierno cumpla y que garantice ese incremento ya.
A finales de noviembre, el ministro de Función Pública en funciones, Luis Planas, dijo que hasta que no se forme un nuevo Gobierno no se llevará adelante esta subida y dejó entrever que podría hacerse con efectos retroactivos desde principios de año para todo el personal al servicio de las administraciones públicas. Sin embargo, desde CCOO rechazamos esta maniobra dilatoria por parte del ministro, que se escuda en que el Ejecutivo actual, en funciones, no puede aprobar esta medida.
Hay razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican sobradamente la utilización de la fórmula del Real Decreto Ley. Las empleadas y empleados públicos no pueden seguir soportando la inacción de los dirigentes políticos. Es urgente. Es necesario. Es justo. Es el momento de abandonar las excusas y cumplir para poder #RecuperarLoArrebatado.
CCOO no ha dejado de reclamar esta subida salarial en el marco de una campaña que incluyó el envío de cartas al presidente del Gobierno en funciones, al ministro y al secretario de Estado de Función Pública y la concentración del pasado 17 de octubre ante la sede del Ministerio de 200 delegados y delegadas del sindicato para reclamar esta mejora y otras comprometidas por el Ejecutivo en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo.
Todas estas acciones han logrado desbloquear la convocatoria de las comisiones de Seguimiento de Empleo y Estabilización y de Igualdad, que se reunirán esta misma semana tras la insistencia de CCOO. Se trata de un importante paso para acelerar las Ofertas de Empleo Públicas ordinarias y los procesos de consolidación y estabilización, así como para avanzar en la negociación y publicación de planes de igualdad y de protocolos contra el acoso en las Administraciones Públicas.
